El Índice Global de Impunidad (IGI) es un esfuerzo académico para medir estadísticamente el fenómeno de la impunidad. Nos interesa la impunidad porque representa un fenómeno que multiplica y retroalimenta las consecuencias de otros problemas sociales como la inseguridad, la violencia o la corrupción.
De acuerdo al informe de Amnistía Internacional, uno de los principales retos para México y América Latina, es combatir la desigualdad y la impunidad, ya que son los principales muros, que evitan el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Actualmente se debe seguir resaltando las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad, de quienes actúan y están al frente en la lucha por los derechos humanos, ya que, por ejemplo, sigue siendo una constante, los ataques hacia las personas defensoras de derechos, así como la violencia endémica contra las mujeres.
Sin dejar de mencionar las condiciones de alta vulnerabilidad de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos, quienes son víctimas de extorsiones, vejaciones, resaltando que las mujeres, niños y niñas, son expuestas a la explotación y esclavitud sexual.
La impunidad, la desigualdad y la corrupción son la fórmula que desata que se rompan límites que se suponía era infranqueables. Lo peor es que la gente que nada teme ni debe, que somos mayoría, es la que termina pagando hasta con su vida los platos rotos de lo que de por sí está roto.
En toda sociedad la desigualdad y la impunidad son un grave obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos, ya que una sociedad dividida, con muchas carencias y nulos recursos, coloca a un gran porcentaje de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad, y si a ello se le suma la impunidad, que ha sido utilizado como un mecanismo del que se valen quienes buscan hacerle daño a la sociedad, nos daremos cuenta que son un muro que no permite el libre ejercicio de los derechos humanos.
Combatir la impunidad es una de las exigencias principales de las víctimas, de las sobrevivientes y de la sociedad en su conjunto. El que los perpetradores de violencia contra mujeres y niñas queden sin castigo se debe a múltiples circunstancias.
Algunas de las principales son: la falta de comprensión de las autoridades de seguridad pública para entender la desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de su vida; la falta de capacidades y de respuesta institucional adecuadas; la revictimización e insuficiente atención brindada a las denuncias; las omisiones y falta de rigor científico en las investigaciones; y las violaciones al debido proceso. L
as prácticas misóginas de responsabilizar a las víctimas, por dónde estaban y cómo vestían, como lo señalan las Tesis en el performance de alcance global “Un violador en tu camino”, son un reflejo de la falta de perspectiva de género en el actuar de las autoridades de procuración e impartición de justicia.
El combate a la impunidad es una de las Observaciones que ha hecho el Comité de la CEDAW a México y representa, también, una oportunidad para que la sociedad recupere su confianza en las instituciones estatales.
De acuerdo con la ENVIPE en 2019, solo 56% de las mujeres confía en instituciones como el ministerio público y procuradurías o fiscalías estatales y la mitad percibe que su desempeño es inefectivo. Esto incide en el bajo porcentaje de denuncias de delitos por parte de las mujeres (6.3%).
Necesitamos que el Poder Ejecutivo y las autoridades de todos los niveles redoblen esfuerzos. La ciudadanía está cansada de ponerle un nombre nuevo a sus agresores, pero saber que en México no se puede ni estar en casa ni salir a la calle en paz.
Necesitamos un Estado capaz y eficiente, no sólo para las cargas punitivas, sino para reducir los riesgos de esa fórmula que alimenta el nivel de crueldad que estamos viviendo en México. Repetimos: impunidad, corrupción, desigualdad.
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